TEMPORADA DE CAZA...

Estrictamente personal

Raymundo Riva Palacio

02 de abril de 2007

¿Quiere ver de qué tamaño es la penetración del narco en las policías mexicanas? Tome a Veracruz como ejemplo.

El 3 de marzo pasado, un jet ejecutivo Grumman procedente de Estados Unidos aterrizó sin contratiempos en el aeropuerto de Veracruz. Uno de sus pasajeros, Roberto Carlos Carmona, no llegaría al crepúsculo. La tarde de ese sábado, en una carrera de caballos en el hipódromo de Villarín, que se encuentra en el municipio del puerto, fue asesinado. Carmona fue identificado por las autoridades como Zeta 14 , un alto rango dentro de la organización de Los Zetas , que de sicarios se convirtieron en socios del Cártel del Golfo. El siguiente jueves, su cuerpo fue robado de Poza Rica por un comando armado y llevado con rumbo desconocido. Otra persona más cercana a él murió en el mismo atentado, y las autoridades federales están esperando los resultados del ADN de su ropa ensangrentada para determinar si pertenecen a Heriberto Lazcano, el Zeta 1 , jefe de Los Zetas .

Las ejecuciones en Villarín abrieron una nueva Caja de Pandora, ahora en Veracruz. Carmona y varios heridos más cercanos a él fueron trasladados a una clínica para ser atendidos, a donde llegó el comandante de la policía, Gerardo Gutiérrez Monraga, para detenerlos. Dos semanas después, el 18 de marzo, Gutiérrez Monraga fue ejecutado junto con otros dos policías en una celada que les prepararon en una bodega de Boca del Río, un municipio afluente que colinda con Veracruz. En el siguiente episodio, el 27 de marzo, los cuerpos de Víctor Manuel Pérez Rocha, ex policía judicial federal, y Jesús Arano Servín, fueron tirados frente a una televisora en Veracruz, con fuertes rastros de tortura. El drama continuó creciendo. Un día después, el conductor del noticiero Hechos de TV Azteca, Javier Alatorre, difundió un video, testimonio póstumo, donde un comando los presentó como presuntos miembros del Cártel del Golfo, y los hizo hablar sobre personas públicas ligadas con esa organización criminal, entre ellos, paradójicamente, el mismo Gutiérrez Monraga.

La cadena de sucesos provocó una revolución policial en Veracruz. Tras la difusión del video, la PGR detuvo al comandante de la policía municipal Edson Estrada, quien es mencionado en la grabación, y llamó a declarar a otros dos implicados en el mismo, el actual jefe de la policía y un ex comandante. Antes, la ejecución de Gutiérrez Monraga provocó que los tres más altos mandos de la policía municipal de Veracruz renunciaran. El miedo cundió rápidamente ante la velocidad con la cual se empezaron a cobrar las facturas, generando una incertidumbre y zozobra en los cuerpos de seguridad en el estado. La sacudida en Veracruz apenas comienza.

Debería estar lleno de pistas desde el 3 de marzo, cuando aterrizó el Grumman en el puerto. La bitácora de vuelo permite saber de qué parte de Estados Unidos venía y dar una idea, pese a la posibilidad de que los nombres de los pasajeros sean falsos, de cuántos eran y de quiénes se trataba. Ese tipo de avión ejecutivo tampoco puede pasar desapercibido, por tamaño y prestigio en la industria. Sin embargo, algo debe haber sucedido con los sistemas de inteligencia estadounidenses que, hasta donde se sabe, nunca se enteraron que había Zetas viajando en ese jet. Su Servicio de Inmigración y el de Aduanas deben una explicación, no sin olvidar a la DEA, que sigue a Los Zetas por seis estados de la Unión Americana y se les montan en un avión sin que se entere.

En el caso de México, ¿cuál fue el procedimiento para que se les permitiera el aterrizaje? Esta es una responsabilidad de la autoridad federal, que deberá aportar su propia información. Por cuanto a la policía municipal de Veracruz, no se ha aclarado el porqué de la inacción de una de sus patrullas que se encontraba en el hipódromo de Villarín, ni tampoco está claro cómo fue el crimen. La versión pública es que se dio tras un pleito por el resultado de la carrera, pero una línea de investigación estatal es que fue un asesino que se acercó a Carmona disfrazado de paletero. Si este fuera el caso, la pregunta obvia es cómo, si había un grupo de Zetas, pudo salir con vida. Para ello, otra respuesta obvia: gozaba de protección que no sólo le permitió vivir sino escapar.

Las contradicciones son grandes, y en la medida que no se avance en la aclaración del episodio de Villarín, el chapoteadero de estiércol en el que se encuentran los policías no se va a secar. Lamentablemente, es de esperarse que más muertes vengan en camino ante el descontrol en el estado por la aparente desarticulación de las redes de protección a los cárteles de las drogas, en particular de las últimas semanas, a la luz de las bajas, del Cártel del Golfo y de Los Zetas. O mejor dicho, de los policías que están a su servicio y que, o están siendo ejecutados por sicarios de los cárteles adversarios, o están siendo sacrificados por la misma organización que los tenía en su nómina porque ya no están pudiendo cumplir con el trabajo para el cual recibían sobornos.

Veracruz no es el único estado donde está abierta la temporada de caza contra los policías. A lo largo de este año han sido asesinados en todo el país 78 policías, casi uno por día, que representan cerca de 80% de las ejecuciones. La ola de ejecuciones de policías parecería seguir un patrón, pues no se ha dado de manera indiscriminada en todas partes, sino que se han producido en forma escalonada en su mayor parte. Se comenzó el año en Guerrero y Michoacán, donde van 13 en su conjunto, pero está muy severo hoy en día en Nuevo León, donde diariamente se suman más muertos ejecutados a los 14 que iban hasta arrancar este fin de semana, y se perfila Veracruz como el siguiente en la mira. Sonora y Sinaloa, que totalizan 14, han sido consistentes.

Una de las explicaciones de la violencia en el gremio de los policías es porque la naturaleza del negocio de la droga se ha alterado de manera significativa en los últimos meses. El combate nacional al narcotráfico ha roto los vínculos regionales y dañado el flujo de sus recursos. Al tener menos recursos en caja -también por una reducción en el consumo de cocaína en Estados Unidos-, sus redes logísticas y de operación están minadas. Menos dinero es menos producto adquirido para el consumo nacional, por lo que han tenido que suspender el pago a sus sicarios, que en algunos se han mudado de delito, del narco al secuestro exprés, robo o cobro de impuestos a prostitutas. La ruptura de sus operaciones regionales está directamente relacionada con la actuación de los policías. Al ser dejadas fuera las policías municipales, han perdido acceso a información, con lo cual no pueden ni avisar de los golpes que vienen contra sus patrones informales, ni brindarles la protección que antes daban. Eso se considera traición en el código del narco. Y se paga con la vida, como en estos momentos lo están experimentando las policías en todo el país.